La confidencialidad de las fuentes periodísticas volvió a sufrir un duro golpe en los Estados Unidos cuando dos redactores del periódico San Francisco Chronicle fueron enviados a la cárcel por negar a decir quién les proporcionó el testimonio ante un gran jurado del pelotero Barry Bonds.
Los periodistas Lance Williams y Mark Fainaru-Wada, responsable de los artículos relacionados con el escándalo de los Laboratorios BALCO, el centro donde se fabricaban y se distribuía la nueva versión de los esteroides sintéticos, fueron condenados a 18 meses de cárcel por no querer dar a conocer sus fuentes. Williams y Fainaru-Wada fueron categóricos ante el juez Jeffrey White, encargado de su caso, cuando explicaron sus convicciones profesionales y el derecho que les acogía de acuerdo a la Constitución.
Pero White a sus argumentos les respondió que "nadie estaba por encima de la ley" y de acuerdo a la denuncia de los fiscales federales ellos la habían violado al hacer público testimonios secretos de Bonds y otros atletas de elite que declararon ante un gran jurado sobre su posible consumo de esteroides y otras sustancias prohibidas.
Mientras las revelaciones de Williams y Fainaru-Wada han servido para poner al descubierto el gravísimo problema del consumo de sustancias prohibidas dentro del mundo del deporte profesional en Estados Unidos, los abogados federales quieren que den a conocer los responsables de las filtraciones del contenido de la investigación que llegó hasta sus manos.
La respuesta de los dos periodistas ha sido desde el principio que prefieren ir a la cárcel antes que traicionar a sus fuentes y sus principios morales y profesionales.
White dijo que el tribunal confiaba que los periodistas reconsiderasen su posición cuando se enfrenten a la dura realidad de perder la libertad. Williams y Fainaru-Wada publicaron una serie de artículos y un libro basados en parte en transcripciones de los testimonios de los peloteros Bonds, Jason Giambi y otros ante un jurado de instrucción que investigaba a BALCO, una compañía fabricante de suplementos nutricionales que resultó ser una banda comercializadora de esteroides según se descubrió hace dos años.
Algunos de los directivos de BALCO ya han cumplido varios meses de cárcel y se encuentran en libertad condicional, mientras el entrenador personal de Bonds, Greg Anderson, también se encuentra en prisión al negarse a declarar en contra de su amigo.
Críticos con la decisión del juez sobre la sentencia a los dos periodistas consideran que es "vergonzoso" comparar a Anderson, un reconocido traficante de substancias prohibidas, con dos profesionales que gracias a sus denuncias han hecho un gran beneficio a la sociedad.
Además, Anderson no quiere declarar en contra de su amigo personal, Bonds, porque sabe que si lo hace o miente o lo implica directamente con el consumo de sustancias prohibidas.
"No tiene por qué haber un trato diferencial para Anderson como para los periodistas", declaró Michael Rains, abogado de Bonds, que sigue compitiendo con total normalidad en la temporada regular con los Gigantes de San Francisco.
"En ambos casos se niegan a declarar ante la justicia". Pero Williams dijo que su obligación era mantener la promesa que le hizo a las personas que le ayudaron a conseguir la información y no iba a traicionar su palabra.
"Como se supone, mantengo mis promesas cuando la gente me ayuda y me toma la palabra", declaró Williams ante el tribunal.
"Siento desesperación por nuestro país si vamos muy lejos en esta dirección, porque nadie querrá hablar con los periodistas".
Fiscales federales pidieron al juez White que ordene la prisión de los reporteros mientras duren los trabajos del jurado investigador de la filtración o hasta que acepten declarar.
Todas las partes acordaron suspender la aplicación de la sentencia del juez White hasta que se conozca el fallo de la apelación presentada ante una Corte Federal de Apelaciones.
El pasado agosto, White reconoció que el dictamen que dio a conocer el Tribunal Supremo de Justicia en 1972 donde se establecía que "nadie", incluidos los periodistas, estaban por encima de la ley cuando se trataba de declarar ante un gran jurado federal, le ataba las manos en el caso de Williams y Fainaru-Wada.
Por su parte, Phil Bronstein, vicepresidente ejecutivo del San Francisco Chronicle, que acompañó en todo momento a los dos periodistas, dijo que era una auténtica tragedia el poner en la cárcel a dos profesionales que hacen un excelente trabajo.
"Se necesita con urgencia una ley federal que proteja a los periodistas para que no tengan que revelar sus fuentes de información", subrayó
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