El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha concluido que no existen elementos probatorios para establecer que a la periodista Lydia Cacho Riveiro le violaron sus derechos fundamentales.
La comunicadora que delatará una red de pederastia en Cancún, donde estaría involucrado el empresario textil de origen libanés Kamel Nacif. Una grabación de audio habría captado una conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y Nacif, donde planeaban un complot contra Cacho.
En dicho dialogo se reveló la intención de detener a la periodista en la penitenciaria de Puebla, que no corresponde a la jurisdicción donde labora y vive la colega. En prisión se le sometería a una agresión física, que incluiría una violación sexual.
Por fortuna está no llego a cometerse.A pesar del caudal de pruebas presentadas por los abogados de la periodista, la decisión de Ortiz estaría exonerando a Marín de todo cargo. El motivo sería la inviabilidad legal de una grabación dentro de un proceso judicial.Trascendió que distintos ministros de SCJN estarían en desacuerdo con este dictamen.
El futuro de este caso tiene en vilo a la justicia mexicana.
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